La responsable de la Fiscalía Federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, pidió al juez de esa jurisdicción, Daniel Herrera Piedrabuena, que investigue a 1.060 personas que se desempeñaban en el Gobierno provincial y que habrían cobrado indebidamente los planes sociales del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo".

Por ese motivo, solicitó que fueran indagados en orden al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

"Lo que se les atribuye a estas personas señaladas es el delito de defraudación a la administración pública nacional, que es recibir un sueldo del Gobierno provincial y a la vez, percibir un beneficio del Estado. Para poder acceder a esto, alguien debió autorizarlo y eso también es materia de investigación en la causa", explicó la fiscal Carmona a Cadena 3.

La representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se profundice la investigación para individualizar a los funcionarios provinciales y nacionales que hubieren intervenido en la concesión de dichos beneficios, por la eventual violación de sus deberes de funcionario público.

El requerimiento de Miguel Carmona se da en el marco de un desprendimiento de la investigación preliminar desarrollada, desde el 8 de noviembre pasado, por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan.

En dicha pesquisa se "detectaron presuntas maniobras ilícitas por parte de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, quienes resultaron ser a la vez empleados del Gobierno de la Provincia de La Rioja, incumpliendo la normativa del referido Programa, ya que el mismo establece -entre otros requisitos- que los pretensos beneficiarios no pueden cumplir funciones en relación de dependencia, y si esa circunstancia aconteciera con posterioridad a su inclusión en el Programa, el mismo debería inmediatamente darse de baja".

De acuerdo a la investigación desplegada por la UFISES, se identificaron una serie de pagos que salían de las arcas del Estado para solventar el plan social a personas que no cumplían con los requisitos para percibirlo, lo que habría causado un perjuicio estimado en $82.680.000 al patrimonio nacional.