Diputados provinciales del bloque del Frente de Todos y Marina Andrada, de Consenso Federal ingresaron a la cámara baja un proyecto para la reforma de la Constitución provincial. En los fundamentos del proyecto, luego de recordar el frustrado proceso de reforma que arranco en 2014, impulsado por la entonces gobernadora Lucía Corpacci, se delinean algunos de los ejes que plantea el nuevo proyecto. Entre ellos:

• Reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, la preservación de la identidad cultural de sus comunidades y el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, de conformidad a sus tradiciones ancestrales.
• Redimensionamiento del concepto de las inmunidades parlamentarias, "para remover definitivamente las aberrantes distorsiones que la práctica parlamentaria ha ocasionado y que alejan a los representantes del Pueblo de sus representados".
• Extensión del período de funcionamiento del Poder Legislativo a todos los meses de cada año.
• Consagración de “una verdadera certeza electoral a todas las agrupaciones políticas, cualquiera que fuese el partido gobernante, y que permita despojar a las convocatorias electorales, de cualquier tipo de especulación política-partidaria”.
• Eliminación del mecanismo de la reelección indefinida para alejar a “los poderes del Estado y a quienes los componen, de la tentación de perpetuación indefinida en los cargos, lo que traerá aparejado una praxis política más democrática.”
• Garantías “para la sucesión directa del Gobernador por parte del Vice-Gobernador, para superar así el amañado procedimiento que se encuentra vigente y que impone el llamado a elecciones cuando se produce la vacancia en el cargo de Gobernador faltando más de un año para completar el período de mandato”.
• Reforma del Poder Judicial mediante “la aplicación de nuevos criterios vinculados con la renovación periódica de sus aptitudes y saberes jurídicos acordes a los nuevos paradigmas y a las nuevas situaciones que se presentan en la sociedad, reconociendo y protegiendo los derechos de las minorías y disidencias. Ello a través de concursos públicos de antecedentes y oposición no sólo para el ingreso a la función judicial, sino también para continuar desempeñando tan altas funciones (…). No resulta aceptable de ningún modo, que la inamovilidad de los magistrados pueda ser equiparada a ejercicio vitalicio de los cargos judiciales, porque ello resulta lesivo del principio de periodicidad de los mandatos”.
• Establecimiento de “nuevas formas de participación popular en el control del ejercicio de la función judicial, con miras a garantizar la transparencia, la publicidad, y una justicia oportuna y eficaz”.
• Separación de las funciones del Ministerio Público Fiscal y la del Ministerio Público de la Defensa, que actualmente están ambas bajo la órbita del Procurador General de la Corte.
• Determinación de un nuevo procedimiento de selección de los postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial, ya sea como magistrados o funcionarios.
• Transformación de la Policía Judicial “para satisfacer la demanda de justicia y asegurar la celeridad y eficacia de las investigaciones penales, mediante una acertada profesionalización de sus cuadros”.
• Propiciar condiciones igualitarias respecto a los requisitos objetivos exigidos para acceder a los cargos de magistrados y funcionarios, entre quienes ya integran el Poder Judicial y aquellos abogados que ejercen libremente la profesión.
• Considerar la posibilidad de incorporar, con rango constitucional, un mecanismo local para la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en lugares de detención o alojamiento de personas.
• Modernizar el sistema de gobierno municipal, propiciando “para todos los municipios una organización que garantice efectivamente la separación de funciones y prevenga la concentración del poder”.
• Formular “un nuevo ordenamiento constitucional que reconozca y garantice el derecho a la educación para todos y todas, y que extienda esta garantía a otras formas no convencionales de enseñanza, como la educación rural, la educación en contexto de encierro y la educación hospitalaria, a cuya consagración constitucional aspiramos”.
• Superar, desde la enseñanza oficial, “la orientación religiosa en las escuelas públicas, y dejarlo así plasmado en un nuevo orden constitucional, mediante la supresión de este tipo de enseñanza”.
• Restablecer las condiciones de igualdad en orden a la equiparación de los derechos de todos los docentes, cualquiera sea la naturaleza de los establecimientos educativos en los que presten sus servicios.