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POLITICA

23 de diciembre de 2022

Piden destituir al fiscal Laureano Palacios

Desde la oposicion

Los diputados provinciales y legisladores nacionales de la oposición (UCR, PRO, CC-ARI y FAC) se presentaron ayer ante la Secretaría Penal de la Corte de Justicia para solicitar que se constituya el Tribunal de Enjuiciamiento y se le abra un expediente al fiscal de Instrucción nº2, Laureano Palacios, por mal desempeño de sus funciones. Lo hicieron tras el escándalo en la investigación del crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Los diputados pidieron que el jury se constituya la próxima semana y, según pudo conocer El Ancasti, eso ocurrirá el martes a las 11.

El Tribunal de Enjuiciamiento está conformado por las diputadas Cecilia Guerrero (FT) y Juana Fernández (UCR), el senador Oscar Vera (FT), los abogados Silvia Cabrera y Pablo Nicolini (representantes del Colegio de Abogados) y el presidente de la Corte, Miguel Figueroa Vicario.

La oposición pidió que Palacios sea destituido de su cargo y que luego “se arbitren los medios necesarios para tomar todas las medidas administrativas para sancionar con severidad las múltiples y graves irregularidades cometidas por éste en la investigación del asesinato de Juan Carlos Rojas y que impactan en el funcionamiento de todo el Poder Judicial hoy sospechado de corrupción”.

El pedido de los legisladores está fundado en los artículos nº10 y nº11 de la ley de Jury, que establece entre las causales de remoción “el mal desempeño de sus funciones y falta grave o hechos que pudieran constituir delito en ocasión del ejercicio de sus funciones” y la “ignorancia inexcusable del derecho, reiteradamente demostrada en la actuación judicial”.

La presentación fue realizada por el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, el diputado Hugo Ávila (FAC), los diputados nacionales Francisco Monti y Rubén Manzi y el senador nacional Flavio Fama.

La oposición cuestionó la “inusitada velocidad” con la que Palacios “determinó que el deceso se produjo por causas naturales puesto que no había nada extraordinario que le haga suponer lo contrario (sic)”. “Repárese que debe haber sido tal el convencimiento del fiscal Palacios, que hasta entregó el cuerpo de la víctima a sus deudos para sus exequias, con lo que el propio fiscal puso en riesgo la continuidad de la investigación sobre el cuerpo del delito. Al cuerpo del exministro lo manipularon y prepararon para el velatorio del mismo, con lo cual muy probablemente se haya perdido prueba que podría ser útil a la investigación. Esto demuestra de manera flagrante y cabal un desconocimiento supino e inexplicable de los protocolos y prácticas de investigación forense, lo cual constituye una falta de gravedad extrema”, remarcaron.

En este sentido, cuestionaron que el rumbo de la investigación cambió recién tras los dichos del gastronómico Luis Barrionuevo, “a quién Palacios nunca tomó declaración”, y señalaron que “como frutilla del postre que corona el mal desempeño del fiscal y el desconocimiento de las altas responsabilidades que el cargo le imponen, hemos asistido al bochornoso y mediático suceso de asistir a la declaración de oficio de una nulidad absoluta por la inexistencia de firma del decreto de detención de la principal sospechosa de la torcida investigación ensayada”. “También podemos concluir que la apresurada e inexperta actuación del fiscal Palacios fue funcional a favorecer la impunidad del asesinato de Rojas, y que de no ser por Luis Barrionuevo casi lo logra”, apuntaron.

Entre los pedidos que hacen al jury, los opositores proponen que se libren oficios a medios periodísticos a fin de que remitan copias certificadas de las publicaciones donde aparecen las declaraciones del fiscal Laureano Palacios y la ministra de Seguridad, Fabiola Segura; y que se pidan copias digitalizadas de los videos de los reportajes a Luis Barrionuevo y al propio gobernador Raúl Jalil. Además, que se los cite a prestar declaración testimonial.

Por último, pidieron que se constituya el Jury, que proceda a la destitución del fiscal Laureano Palacios y en caso de ser necesario que se inicien acciones en su contra por entorpecimiento de la investigación.

Críticas al oficialismo

En otro orden, advirtieron que el caso reviste la categoría de “magnicidio” por tratarse del crimen de un miembro del Poder Ejecutivo, y también dedicaron un párrafo al oficialismo al cuestionar lo que consideraron un “silencio cómplice”. “El oficialismo, autoproclamado defensor a ultranza del pueblo, tan activo y sensible a los hechos de la política provincial y nacional, sesionando de emergencia ante el intento de magnicidio a nivel nacional y declarando repudios y beneplácitos por doquier, se han llamado a un silencio cómplice ante la muerte de su compañero político y colega ‘Rojitas’. Nobleza obliga, solamente la conducta intachable de la diputada Marina Andrada, quien exteriorizó una angustia compatible con los sentimientos de una persona de bien, allí donde la política no justifica los medios”, expresaron en un párrafo.

Por último, consideraron que “es evidente que el poder de turno se entrometió en el Poder Judicial manipulando al fiscal de Instrucción”. “Una vez más en Catamarca hay un crimen (hasta hoy impune) donde se esconden pruebas y se buscan chivos expiatorios. Esta historia ya la vivimos”, remarcaron.

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