“No se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo por la discusión por el salario, mínimo vital y móvil. El Gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo. El mismo quedó fijado para febrero en 180.000 pesos, y en marzo en 202.800 pesos”, dijo.

La comunicación oficial de hoy había sido adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista televisiva concedida el día de ayer.

“Entre hoy y mañana lo vamos a fijar, es un valor de referencia el salario mínimo”, aclaró. Esto implicaría una suba aproximada de 30 por ciento. Un porcentaje similar, por otra parte, tendrán las jubilaciones y la AUH por la aplicación de la fórmula automática que se aplicará con los pagos de marzo, explicó.

En enero, mientras tanto, el SMVM estuvo fijado en $156.000, por lo que la suba de este mes es del orden del 15% mientras que, entre enero y marzo, trepa al 30 por ciento.

El salario mínimo es fijado en negociaciones entre cámaras y sindicatos, aunque en esta ocasión el Poder Ejecutivo fue el encargado de decidirlo ante la falta de consenso. Surge de la Constitución Nacional y, entre otras cosas, pone un piso a los montos de los contratos laborales y cifras a montos inembargables, entre otras variables.

Además, el salario mínimo sirve como referencia para el valor de otras prestaciones, como algunos programas sociales y, en algunos casos, el valor de la cuota alimentaria para padres separados.

Por ejemplo, los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo cobran el equivalente al 50% del SMVM, mientras que en otros casos sirve como tope para determinar el derecho o no a cobrar el beneficio, como el caso de las Becas Progresar, del que quedan excluidos los estudiantes cuyas familias tengan ingresos por más de 3 salarios mínimos.

En tanto, desde octubre del año pasado el Impuesto a las Ganancias sólo es abonado por quienes perciben ingresos por más de 15 salarios mínimos.

El Gobierno nacional y representantes gremiales, sociales y empresariales se reunieron el 15 de febrero pasado con el objetivo de debatir el nuevo valor del SMVM para los próximos dos meses.

En el encuentro, realizado en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (un organismo que nuclea a representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y las provincias) no se llegó a un acuerdo, según informó la Confederación General del Trabajo (CGT). Los sindicatos aspiraban a una suba del 85%, es decir, llevarlo a 288.600 pesos.

Ante la falta de acuerdo, ahora el Gobierno decidió definir el nuevo valor por decreto.

Es un giro discursivo importante para el presidente Javier Milei, que tan pronto como el viernes pasado —un día después de la reunión fallida— había asegurado que no fijaría el salario mínimo por decreto.

“Eso de fijar precios mínimos no nos gusta, es una cuestión que deben abordar los trabajadores con sus empleadores”, aseguró en ese momento.

Calmados los ánimos, durante el fin de semana, se supo que el mandatario se había visto forzado a reconsiderar esa decisión.

El aumento que termine por definir el Gobierno nacional implicará un costo fiscal por la actualización de esos programas sociales, principalmente el Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,2 millones de personas y que paga medio salario mínimo a cambio de una prestación laboral de 4 horas en distintos rubros como trabajo en cooperativas, en comedores y merenderos, construcción, limpieza o agricultura familiar.

La Casa Rosada busca recortar partidas para este renglón del gasto, que considera irregular por tratarse de asistencia social “intermediada” por organizaciones sociales. En el excel del Ministerio de Economía el ajuste presupuestario para el Potenciar Trabajo debería rondar el 0,4% del Producto Bruto, unos $750.000 millones, una parte menor de los 5 puntos porcentuales del PBI que necesita Luis Caputo para llegar al déficit cero en 2024. De todas formas, como comparación, es un monto similar al que hubiese aportado, por ejemplo, la reversión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

La intención del Palacio de Hacienda de avanzar con rapidez hacia el déficit cero se materializó en el primer mes del año con un superávit primario de 2 billones de pesos, lo que condujo a un resultado financiero positivo en $518.000 millones, algo menos de 0,3% del PBI. Una parte relevante del ajuste estuvo explicado en la poda en el gasto primario, que en términos nominales avanzó 140 puntos porcentuales menos que la inflación de ese mismo lapso, que fue de 254% anual. El gasto jubilatorio y de pensiones se llevó la peor parte (119% de crecimiento nominal) pero otras partidas sociales como asignaciones familiares, AUH, pensiones no contributivas y “Otros Programas Sociales”, entre ellos el Potenciar Trabajo, tuvieron ejecuciones presupuestarias por debajo del ritmo de inflación.