El Gobierno busca avanzar en la protección de los consumidores al introducir una nueva reglamentación para los pagos con tarjetas de débito, crédito y prepagas. Esta medida, que entrará en vigor tras la publicación de una resolución en el Boletín Oficial el martes, tiene como objetivo principal evitar fraudes y estafas al eximir a los usuarios de la obligación de presentar documentación al realizar compras y permitirles ser los únicos manipuladores de dichas tarjetas.

Bajo esta nueva normativa, los comercios estarán obligados a abstenerse de manipular las tarjetas de sus clientes, lo que implica un cambio significativo en los procesos de pago habituales. La implementación de esta medida se espera que tenga un plazo de adecuación que oscila entre los 90 y los 180 días. Desde la Secretaría de Comercio, se asegura que no existen impedimentos tecnológicos para adoptar este método de pago, que ya es común en otras partes del mundo, y que podría mejorar considerablemente la seguridad de los consumidores.

Uno de los principales riesgos que esta reglamentación busca mitigar es la posibilidad de que los datos de las tarjetas sean robados, lo que podría resultar en fraudes posteriores. La simple captura de una fotografía de la tarjeta y de algún documento de identificación podría facilitar la comisión de estafas, especialmente en el ámbito de las compras en línea, donde el 90% de los fraudes con tarjetas tienen lugar según estimaciones regionales.

Para respaldar la necesidad de esta iniciativa, se citan cifras alarmantes de denuncias por fraude y robo de datos de titulares realizadas ante la Secretaría de Defensa del Consumidor durante el año 2023. Estos datos subrayan la urgencia de tomar medidas para proteger la información sensible de los usuarios de tarjetas.

Proyecto de Juntos por el Cambio

En paralelo a esta acción gubernamental, el diputado Damián Arabia, perteneciente al partido Juntos por el Cambio, ha presentado un proyecto de ley en el Congreso bajo el nombre de "Manipulación libre y segura en el pago con tarjetas de débito, crédito y prepago". Esta propuesta va más allá de las medidas adoptadas por la Secretaría de Comercio, ya que busca derogar ciertas disposiciones de la Ley de Tarjetas de Crédito vigente desde 1998, que actualmente exige la presentación de documentos de identificación al realizar pagos con tarjeta.

En declaraciones periodísticias, el legislador explicó que esta exigencia de documentación, si bien tenía sentido en el pasado, se ha vuelto obsoleta con los avances tecnológicos actuales. La posibilidad de pausar una tarjeta de manera remota ante un uso indebido, disponible en la mayoría de las aplicaciones bancarias y fintech, hace que la presentación de documentos represente un riesgo innecesario para los consumidores, sin proporcionar una mayor protección contra el fraude.