Los trabajadores del Estado despedidos por el gobierno de Javier Milei decidieron profundizar la lucha. Luego de una jornada de protesta en la que ingresaron por la fuerza a oficinas públicas durante la mañana del miércoles 3 de abril, 1.500 delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizaron un plenario por la tarde en la sede nacional del gremio, en el que decidieron un paro para el próximo viernes que incluirá una movilización al ministerio de Economía, según confirmaron desde el sindicato a Infobae.

La protesta de ATE, anunciada hace una semana, generó tensión a lo largo del día. Miles de trabajadores despedidos y dirigentes del gremio llegaron a los edificios en donde estaban contratados y forzaron su ingreso. Allí los esperó, en la mayoría de los casos, un cordón policial que buscó impedir la protesta. Se produjeron choques que no revistieron mayor gravedad, más allá del malestar propio de la situación.

“Trabajadores y trabajadoras despedidas ingresaron llorando a sus puestos de empleo, esas lágrimas no van a ser grátis”, advirtió el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar. El dirigente sostiene que el Poder Ejecutivo ha avanzado de forma ilegal en el recorte del personal. Los funcionarios nacionales, en tanto, argumentan que se trata de contratos que llegaron a su fin y que el gobierno no renueva porque no considera esencial ese servicio, en el marco del ajuste que emprendió la gestión del presidente Javier Milei.

En ese contexto, el propio Aguiar había adelantado que el resultado de los plenarios sería la profundización de las medidas de fuerza. Tal decisión fue comunicada al cierre de la jornada de protesta.

En concreto, el sindicato planteó un paro en todas las reparticiones públicas para el 5 de abril, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires habrá una manifestación que tendrá como destino el Ministerio de Economía de la Nación, edificio que se encuentra contiguo a Casa Rosada, en una de las calles laterales que rodean Plaza de Mayo.

La controversia por los despidos se profundizó en el mes de marzo, cuando el Gobierno nacional concretó su decisión de recortar personal masivamente en todos los organismos públicos. Según ATE, los cesanteados a la fecha son alrededor de 11 mil. El Gobierno, en tanto, sostiene que el número es aún mayor y habla de una cifra cercana a los 15 mil trabajadores despedidos. Sin embargo, el conflicto está lejos de disiparse, ya que el propio Presidente Milei adelantó que el objetivo de fondo es eliminar 70 mil cargos de la administración pública.

“El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”, advirtió en su perfil de la red social X el titular de ATE.

Para Aguiar, “provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.

En ese sentido, argumentó porqué cree que toda la situación podría ser resuelta por la Justicia penal. “Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”, sostuvo.

No obstante, el titular de ATE señaló que habrá antes una disputa política. En ese marco es que presionó para que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoque a un nuevo paro nacional, de la misma magnitud que el que se realizó el 24 de enero. Para que no queden dudas de su posición, aseguró que si la central obrera no avanza en la convocatoria de una huelga, impulsará que lo haga la CTA, otro de los nucleamientos gremiales, en donde se encuentra ATE contenido. “Sí les cuesta ponerle fecha a un paro, que se lo pongan las dos CTA y salgamos a la calle”, insistió Aguiar.

Qué reclama ATE

Al finalizar el plenario, el gremio que representa a trabajadores estatales enumeró los reclamos que expresarán este viernes:

Reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados y cese de los despidos.

Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente para todos los trabajadores.

Aumento salarial que supere la inflación.

Cese de las políticas de ajuste.

Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.

Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.

Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.

Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.

Anulación del DNU 70/23.