A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el Gobierno nacional comenzó a analizar los reclamos que plantean varios gobernadores respecto a la reforma del impuesto a las Ganancias para las empresas y su impacto sobre la coparticipación y las arcas provinciales. Aunque todavía no se definieron cambios concretos, la cuestión se incorporó al debate político que tendrá lugar en las próximas semanas.

La mesa política del Gobierno, con figuras clave como el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, se reunió para revisar la agenda que se presentará en el recinto y evaluó el pedido de los mandatarios provinciales de ajustar el texto de la reforma tributaria en lo relativo al impuesto a las Ganancias. Las discusiones giran en torno a la reducción de alícuotas para ciertos tramos, una medida que el Ejecutivo impulsa con el argumento de estimular la actividad económica, pero que genera inquietud en las provincias por la posible disminución de recursos coparticipables.

Los gobernadores sostienen que una baja en las alícuotas podría significar una pérdida significativa de ingresos para sus jurisdicciones en un contexto ya marcado por la caída de la recaudación, por lo que buscan algún tipo de compensación o mecanismo que amortigüe ese efecto. Esta postura se viene expresando en reuniones y diálogos con funcionarios nacionales, incluso en el marco de las giras que realiza el ministro del Interior por distintas provincias para abordar el tema directamente con los mandatarios locales.

Si bien no hay todavía una propuesta alternativa oficializada ni consensos cerrados, el análisis de estos reclamos forma parte de las negociaciones más amplias sobre la reforma laboral y tributaria que el oficialismo pretende debatir en febrero. Los gobernadores esperan que, en medio del calendario legislativo apretado y las discusiones sobre prioridades, sus preocupaciones sean consideradas para evitar mayores tensiones fiscales en los distritos que representan.