A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Petro pidió expresamente a la embajada de EE.UU. en Colombia "no entrometerse en la justicia de mi país", en respuesta a un comunicado en el que la sede diplomática reprodujo palabras del senador estadounidense Marco Rubio, quien calificó el proceso judicial contra Uribe como una "instrumentalización de la rama judicial por parte de jueces radicales".

Petro recordó que "decenas de jueces, magistrados y fiscales colombianos han sido asesinados" en su lucha contra el narcotráfico y sus vínculos con estructuras estatales. “Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los EE.UU., para que ahora el gobierno de EE.UU. venga a irrespetarla”, enfatizó el mandatario, al tiempo que solicitó a las asociaciones judiciales norteamericanas solidarizarse con los magistrados colombianos, hoy "agredidos por un gobierno extranjero".

La canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, también rechazó las expresiones del senador Rubio, señalando que sus dichos "vulneran nuestra soberanía y desconocen la independencia de la justicia". En la misma línea, la embajada colombiana en Washington envió una carta a la Casa Blanca, subrayando que Colombia cuenta con una "separación de poderes firme e inequívoca", y que el sistema judicial opera con autonomía garantizada constitucionalmente.

En el documento oficial, se detalló que el proceso contra Uribe —condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal— se inició en 2012 y aún está en curso, ya que la defensa tiene disponibles "dos instancias más para apelar", lo que refleja, según Bogotá, "el pleno apego a las garantías procesales y constitucionales" del país.

La posición del Gobierno colombiano reafirma su confianza en la integridad del sistema judicial y en su capacidad de garantizar el debido proceso, al tiempo que advierte sobre los riesgos de cualquier intento de injerencia externa en decisiones que competen exclusivamente a la institucionalidad del país.