El productor Pedro Saleme denunció ante la Justicia que las tierras otorgadas a Zijin-Liex en 2019 pertenecen a su familia y que el procedimiento utilizado para la cesión resultó irregular. Según su presentación, la exintendenta Roxana Paulón habría firmado convenios que vulneran derechos de propiedad y beneficios comunitarios, lo que motivó la apertura de la causa en el Juzgado de Tinogasta.

La investigación contempla la toma de declaraciones a las partes involucradas, inspecciones en el terreno y análisis de los documentos de expropiación y convenios con la minera. Además, el denunciante solicitó la suspensión de obras vinculadas al proyecto minero Tres Quebradas, por considerar que podrían afectar la integridad de las tierras en disputa. La causa plantea un importante debate sobre la legalidad de la intervención estatal en proyectos mineros y la protección de los derechos de los productores locales, mientras la comunidad de Fiambalá sigue expectante ante los resultados de la investigación.

La controversia comenzó cuando Pedro Saleme, propietario de un campo de 345 hectáreas en Fiambalá, advirtió que la exintendenta Roxana Paulón y representantes de la minera Zijin-Liex habían firmado un convenio que, a su juicio, vulnera su derecho de propiedad. Según el productor, la cesión se realizó sin su consentimiento y sin respetar los procedimientos legales establecidos para la expropiación de tierras privadas.

El caso involucra al proyecto minero Tres Quebradas, un emprendimiento de la firma china Zijin-Liex que ha generado fuertes debates en la región debido a sus posibles impactos ambientales y sociales. La obra eléctrica vinculada al proyecto, que se encuentra en ejecución, también fue cuestionada por Saleme, quien solicitó su suspensión hasta que la Justicia resuelva la situación.

La denuncia penal detalla que la documentación presentada por Paulón ante la minera carecería de legitimidad, al tiempo que subraya la falta de consulta a los propietarios originales de los terrenos. La Justicia de Tinogasta ya ha iniciado la causa y comenzó a solicitar medidas probatorias, incluyendo inspecciones en el campo, revisión de los convenios firmados y citaciones a funcionarios y representantes de la minera.

Este conflicto no solo tiene implicancias legales, sino que también abre un debate sobre la política minera en Catamarca y la intervención del Estado en la gestión de tierras. Organizaciones de productores y vecinos han manifestado su preocupación, mientras que sectores de la comunidad promueven un seguimiento cercano del caso para garantizar que los derechos de los habitantes no sean vulnerados.

La causa seguirá su curso judicial en las próximas semanas, con expectativas de que se realicen audiencias y se recaben testimonios de expertos en propiedad de tierras y derecho minero. La resolución de esta investigación podría sentar un precedente importante sobre la transparencia en la gestión de convenios entre el Estado y empresas extranjeras en la provincia.