Las defensas habían intentado frenar el avance de la causa cuestionando la competencia del tribunal y la validez de la elevación a juicio, en medio de argumentos que apuntaban a supuestas irregularidades procesales y a la existencia de una quiebra pendiente del principal imputado.

Sin embargo, los magistrados consideraron que esos planteos no constituían violaciones concretas al debido proceso ni impedían que el caso llegue a debate oral. Según el tribunal, la investigación reúne elementos suficientes para que se ventilen en audiencia pública las acusaciones, que incluyen presuntos delitos graves vinculados a presuntas estafas y defraudaciones.

Además, la resolución establece que la eventual responsabilidad penal –es decir, lo que pueda determinarse en el juicio– es independiente de las cuestiones patrimoniales relacionadas con la quiebra de Bacchiani, y que ambas instancias podrán “coordinarse” sin que una bloquee a la otra.

La causa, que conmocionó a la sociedad por la presunta magnitud de las maniobras investigadas, ahora entra en una etapa decisiva: la preparación del juicio oral. En los próximos días, el tribunal definirá fecha y logística para las audiencias donde peritos, fiscales, defensores y querellantes expondrán sus argumentos frente al público.