La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y responde, según el Ejecutivo, a una combinación de hechos históricos y seguridad contemporánea. Además de alinearse con decisiones similares de Estados Unidos y otros países que ya lo han hecho, el Gobierno argentino motivó la decisión poniendo énfasis en dos atentados que marcaron a la sociedad argentina en los años 1990: el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires y el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Según fuentes oficiales, informes judiciales y de inteligencia habrían concluido que altos funcionarios del régimen iraní y operativos vinculados al CGRI tuvieron participación directa en la planificación o financiamiento de estos ataques terroristas, perpetrados en suelo argentino y que dejaron más de un centenar de víctimas fatales.

La incorporación al RePET no solo es simbólica: habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar cualquier posible actividad o influencia de esa organización dentro del país, así como a proteger al sistema financiero frente a potenciales usos ilícitos.

En el plano diplomático, esta decisión marca un reposicionamiento de la política exterior argentina en un contexto de alta tensión en Medio Oriente y estrecha cooperación con países que ya han adoptado posturas similares.