Desde mediados de marzo, cuando comenzaron a surgir cuestionamientos por viajes oficiales con familiares y la forma en que adquirió propiedades, el caso se ha ido ampliando más allá de un simple escándalo personal. El Gobierno intentó controlar la crisis y cambiar el eje de la discusión con anuncios de proyectos legislativos y declaraciones de normalidad, pero la atención no cede.

🔍 Investigación judicial en curso

La Justicia federal abrió una causa por presunto enriquecimiento ilícito, tras la reciente revelación de que Adorni compró un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, financiado mayoritariamente con un crédito otorgado por dos jubiladas que aseguraron no conocerlo, lo que puso bajo lupa la mecánica del financiamiento.

El fiscal a cargo solicitó nuevas medidas de prueba y el análisis de las declaraciones juradas del funcionario desde 2022 hasta la actualidad, junto con los registros de sus viajes al exterior en los últimos años.

📉 Repercusiones políticas y en la imagen de Gobierno

El impacto acumulado del caso se siente más allá del ámbito judicial:

• Encuestas recientes muestran un deterioro notable en la imagen pública del jefe de Gabinete y del propio Gobierno, con un crecimiento en el rechazo ciudadano y un descenso en la aprobación.
• Analistas y opositores señalan que la controversia complica la agenda oficial, justo en momentos en que la administración busca avanzar en reformas económicas y otras políticas estructurales.
• Incluso cifras oficiales anunciadas por el Gobierno, como la caída de la pobreza, fueron cuestionadas en redes sociales y contrastadas con la polémica patrimonial que rodea a Adorni.

📣 La defensa del funcionario y la estrategia oficial

En su primera aparición pública tras el escándalo, Adorni defendió su patrimonio y afirmó que “no tiene nada que esconder”, sosteniendo que sus bienes fueron adquiridos antes de asumir en el Ejecutivo. Sin embargo, evitó detallar aspectos de la investigación para no interferir en la causa.

Por su parte, desde el Gobierno se ha buscado transmitir que el “pico de atención” del caso ya pasó y que no se esperan filtraciones adicionales que compliquen aún más la situación. Aun así, el caso continúa siendo un desafío político de primer orden para la administración actual.