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17 de abril de 2023

Catamarca se une en defensa de los derechos conquistados en democracia

En la primera Sesión Ordinaria del Consejo Federal del Ministerio de Mujeres Género y Diversidad de la Nación, en el cual participa la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Ivana Ibáñez, firmó la declaración federal renovando el compromiso en la defensa del Estado de derecho y de las instituciones como condición necesaria para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y LGBTI+ de nuestro país.

El documento fue avalado por 20 provincias, además se expuso los avances y desafíos de la violencia digital y política en nuestra provincia y en el país. También participaron ONU mujeres y Cepal en la segunda jornada sobre más paridad y más democracia.

“El avance de la Violencia política y digital hacia las mujeres y LGBTI+ con cargos y voz pública amenazan la igualdad y los derechos humanos, con casos evidentes tanto a nivel nacional como en las provincias”, expresó la secretaria, y agregó: “Nos reunimos en esta primera Sesión Ordinaria del Consejo federal para poner sobre la mesa nuestras preocupaciones y necesidades territoriales, discutir y debatir las estrategias y políticas públicas que deben gestarse en forma conjunta para hacer frente a estas situaciones que afectan a la mayoría de nuestras poblaciones porque estamos hablando de mujeres y diversidades, que representan más de la mitad de la población”.

En este marco, el Consejo expuso: “En un año electoral y a 40 años de democracia convocamos a la sociedad y a todos los sectores políticos a: Reconstruir el pacto democrático en contra de la violencia política. La escalada de los discursos y conductas antidemocráticas tiene como principales destinatarias a las mujeres que participamos en la vida pública y política, sobre todo aquellas que venimos ocupando lugares de liderazgo en la lucha por más derechos y por más igualdad. El objetivo es el disciplinamiento y la exclusión de las mujeres del debate público y la vida democrática del país. Esto afecta los derechos de más de la mitad de la población y por lo tanto es una amenaza a la democracia”.

“Es contra nosotras y es también contra todos los avances en materia de igualdad y derechos humanos de las mujeres y la diversidad que hemos conseguido en estos años. Quieren hacernos retroceder. Por eso llamamos a defender y consolidar los ministerios y áreas de géneros y diversidad de todo el país. Para reducir la desigualdad, para erradicar la violencia necesitamos políticas públicas, estructura, personal especializado. El camino es con más y mejor estado”, expresaron.

“La agenda de género y diversidad es una agenda de mayorías. Estamos hablando de las necesidades y derechos de más de la mitad de la población e impacta en toda la sociedad. No es posible pensar en el desarrollo y crecimiento del país sin las mujeres, sin igualdad, sin inclusión. En este año electoral garantizar el cumplimiento de las leyes de paridad y la participación de las mujeres y LGBTI encabezando listas. La participación política de las mujeres y LGBTI en igualdad de condiciones y libres de violencia es una condición necesaria para la vigencia de una democracia plena” manifestaron.

Declaración del Consejo Federal 

A 40 años de su vigencia ininterrumpida, el Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad reafirma su compromiso en defensa de la Democracia.
Las autoridades del Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, renovamos nuestro compromiso en la defensa del Estado de derecho y de las instituciones como condición necesaria para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y LGBTI+ de nuestro país.

Reivindicamos la incansable labor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que en las últimas décadas han sido faro y ejemplo para los movimientos de mujeres y de diversidades en su lucha por la ampliación de derechos, y que seguirán inspirando las batallas que falten hacia la igualdad plena, en todos los ámbitos.

Así, reconocemos los importantes avances que hemos conquistado en materia de igualdad de género en nuestro país. Hoy contamos con una legislación robusta y se consolida una nueva institucionalidad lograda al calor de las movilizaciones masivas y también de la voluntad política de gobiernos que supieron escuchar las demandas históricas de los movimientos de mujeres y LGTBI+. Dichas demandas fueron traducidas en políticas públicas con el objetivo de poner fin a las violencias de género y avanzar en igualdad en todo el territorio nacional.

Sin embargo, observamos con preocupación la proliferación de discursos antidemocráticos, la concentración de los poderes corporativos y el avance de ideologías conservadoras que cuestionan las conquistas populares y los consensos sociales conseguidos en materia de derechos humanos, igualdad de género y diversidad. Estos discursos amenazan la continuidad de las instituciones rectoras en materia de género y diversidad a nivel nacional y en cada una de nuestras provincias así como las políticas públicas impulsadas en estos años. Somos conscientes de que la existencia de estos organismos es necesaria para jerarquizar los esfuerzos del Estado en el abordaje integral de las violencias y la reducción de las brechas de desigualdad. El camino es con más y mejor Estado para que las políticas de igualdad no sean la variable de ajuste en nuestro país, en la región y en el mundo.

En ese marco, instamos a todas las fuerzas políticas de nuestros territorios a trabajar en conjunto para defender la institucionalidad de género y diversidad y nos comprometemos a seguir trabajando de manera conjunta y en el marco de este Consejo, en su fortalecimiento.

Como ya hemos expresado durante el año 2022 en la I Sesión Ordinaria el 17 de mayo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y en la III Sesión Ordinaria realizada el 13 de diciembre en la provincia de Salta, vemos con mucha preocupación que estos discursos antidemocráticos y la violencia política creciente se manifiestan con especial encono hacia las mujeres y LGBTI+ que ocupan espacios políticos y de poder en nuestro país, en la región y el mundo. Tanto el intento de magnifemicidio a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y a la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expresan la punta del iceberg de una violencia política que, como expresó el Comité de Expertas que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), no sólo constituye una grave violación de sus derechos humanos, sino que representa una amenaza para la democracia.

En el contexto de un año electoral y frente a un recrudecimiento de estas prácticas en todo el país, entendemos prioritario establecer consensos irrevocables en todo el arco político que nos motiven a coordinar acciones en todos los niveles para garantizar la participación política de las mujeres y LGBTI+ en igualdad de condiciones y libres de violencia de ningún tipo como condición fundamental para la vigencia de una democracia plena y robusta.

Terminar con las violencias por motivos de género en Argentina requiere del compromiso de todos los organismos y niveles del Estado. Por eso, reconocemos la necesidad de avanzar hacia una justicia con perspectiva feminista. El deficiente accionar de amplios sectores de los Poderes Judiciales frente a las violaciones de los derechos humanos a las que mujeres y LGBTIQ+ somos sometidas a diario, no debe pasar desapercibido y las autoridades que componemos este Consejo Federal estamos comprometidas a demandar que estos actúen con perspectiva de género y derechos humanos en cada caso.

A 40 años de democracia, ejercitamos la memoria y con la firme certeza de que Nunca Más debemos volver a transitar el terror como política de Estado, recordamos que el debate de ideas debe darse en el marco del respeto de las instituciones y los derechos fundamentales de todas las personas con el objeto de contribuir, desde todos los sectores, a construir una sociedad justa e igualitaria.

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