La designación de Dalmacio Mera como nuevo Defensor del Pueblo de Catamarca ha desatado una tormenta política y jurídica en la provincia. El diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) presentó una denuncia penal contra el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, a quienes acusa de haber actuado por fuera de los límites constitucionales al modificar por decreto la ley que rige ese organismo.

Ávila sostiene que la decisión de designar a Mera mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) representa una “maniobra fraudulenta” y “oscura”, y considera que se trata de una acción que usurpa funciones del Poder Legislativo, que ya se encuentra en pleno funcionamiento. “No hay ni urgencia ni necesidad que justifiquen este tipo de instrumento excepcional”, sentenció el legislador.

La denuncia incluye pedidos concretos: que se suspenda todo avance en la oficialización de Mera hasta que se resuelva la cuestión judicial, y que se ordene a la Legislatura abstenerse de tomarle juramento. Además, se señala que los decretos firmados (G y S 781/2025) no fueron publicados en el Boletín Oficial, lo que para Ávila anula su validez formal.

El caso no está aislado. La oposición radical también se prepara para presentar un recurso de amparo en los próximos días, con el objetivo de declarar inconstitucional la designación.

Según el diputado, los decretos no solo violan la Constitución Provincial sino que podrían constituir delitos penales graves, entre ellos abuso de autoridad, usurpación de títulos y hasta enriquecimiento ilícito. “Es un atropello institucional que no podemos permitir. El Ejecutivo no puede legislar por decreto cuando el Congreso está en funciones”, concluyó.

La controversia promete escalar y amenaza con empañar el inicio del período legislativo. Mientras tanto, el futuro de la Defensoría del Pueblo queda en suspenso, a la espera de que la Justicia determine la validez del procedimiento y la legalidad de la designación.