Por un lado, la gestión libertaria atraviesa un escenario complejo en el Congreso. Diversas sesiones recientes dejaron al oficialismo en clara minoría, con votaciones adversas que encendieron las alarmas en la Casa Rosada. Analistas políticos advierten que estas derrotas legislativas ponen en evidencia la debilidad parlamentaria del gobierno y su dificultad para sostener un programa de reformas que choca con la resistencia de bloques opositores.

Al mismo tiempo, distintos referentes políticos y sociales cuestionaron la política de recortes impulsada por el Ejecutivo. La diputada Soledad Alonso denunció un “plan de vaciamiento” que impacta en áreas sensibles como la salud, la ciencia y los organismos de control, señalando que la desregulación en estos sectores amenaza derechos básicos y debilita el sistema institucional.

Otro foco de conflicto estalló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan presuntos pagos de sobornos a laboratorios. La diputada correntina Sofía Brambilla exigió explicaciones a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por su presunta vinculación en el escándalo. La situación generó un cruce interno en el propio oficialismo: la diputada Marcela Pagano difundió una carta pública dirigida a Javier Milei en la que lo insta a “sacarse de encima a esta lacra”, en referencia a funcionarios cercanos que, según ella, empañan la gestión.

Las críticas también llegaron desde el Senado. Martín Lousteau acusó al gobierno de “someter a las familias a un ajuste sin precedentes y robar”, vinculando la política económica con un deterioro directo en la calidad de vida de la población. Sus declaraciones alimentaron un clima de confrontación cada vez más marcado.

El escándalo tomó mayor dimensión cuando medios internacionales publicaron denuncias por corrupción contra el propio presidente y su hermana Karina. Según audios difundidos, ambos habrían estado implicados en un esquema de “mordidas” con medicamentos. La justicia ya investiga el caso, que incluye acusaciones por cohecho y administración fraudulenta, sumando presión judicial a un Ejecutivo que se declara víctima de una campaña en su contra.

A nivel discursivo, Milei mantuvo su estilo confrontativo. En su última intervención pública acusó al kirchnerismo de impulsar “una agenda para quebrar al Estado nacional”, declaraciones que reavivaron la polarización política y generaron rechazo en distintos sectores de la oposición, que lo acusan de gobernar con una lógica de enfrentamiento constante.

En paralelo, el plano económico internacional también trajo complicaciones. La justicia de Estados Unidos autorizó a la Argentina a apelar en el juicio por YPF sin entregar acciones de la petrolera, lo que se interpretó como un freno a las intenciones oficiales de avanzar en decisiones que afecten directamente a la empresa. Este fallo expuso los límites legales que enfrenta el gobierno en su estrategia económica.

Finalmente, un hecho de enorme impacto social volvió a poner al Ejecutivo bajo la lupa: la detención de los responsables de un laboratorio investigado por la muerte de un centenar de personas debido al consumo de fentanilo. Desde la oposición remarcan que el caso evidencia la falta de controles estatales y la incapacidad gubernamental para anticiparse a una crisis sanitaria de gran magnitud.

En síntesis, el gobierno de Javier Milei atraviesa una semana marcada por derrotas parlamentarias, denuncias por corrupción que salpican a la cúpula presidencial, reclamos de dirigentes opositores por el ajuste económico y cuestionamientos en materia de salud pública y justicia. Un cóctel político que expone las fragilidades de la administración libertaria y anticipa un escenario de mayor conflictividad en los próximos meses.