El decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Régimen Laboral N° 25.877 al ampliar la lista de actividades consideradas esenciales y exigir una cobertura de entre el 50% y el 75% durante las medidas de fuerza. Para los sindicatos, esto constituye un avance autoritario contra derechos laborales garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde la CGT confirmaron que sus equipos legales ya están trabajando en una presentación judicial. En un comunicado, la central obrera denunció que el decreto vulnera el derecho a la protesta y anticipó que acudirá a los tribunales laborales. La estrategia incluye también a la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que buscarán presentar una acción conjunta.

"Este decreto nace sin viabilidad jurídica", afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien además adelantó que su organización no lo acatará. En la misma línea, el abogado Pablo Topet, quien ya litigó contra el DNU 70/2023 —actualmente en revisión por la Corte Suprema—, volvió a ser convocado para integrar el equipo legal.

También se sumó Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, quien sostuvo que la norma es inconstitucional tanto en su forma como en su contenido, ya que regula por decreto un derecho humano fundamental.

El contenido del Decreto 340 guarda fuertes similitudes con el capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo tras una presentación impulsada por la CGT. Aunque esa resolución fue apelada por el Ejecutivo, y se espera una definición de la Corte, el nuevo decreto promete reavivar el conflicto entre el Gobierno y el movimiento sindical, tanto en el terreno judicial como en el político.