La Justicia detectó que, al menos, $16 millones aproximadamente faltaban del patrimonio incautado durante distintos operativos en la jurisdicción de Orán, lo que motivó la apertura de una investigación interna sobre posibles irregularidades.  Ante la gravedad del hallazgo, 21 policías fueron apartados de sus cargos mientras se indaga si existió una maniobra organizada para sustraer los fondos.

Según los primeros informes, la maniobra habría sido detectada al cruzar los registros de las incautaciones con las cantidades depositadas oficialmente, donde se observaron huecos significativos. Las autoridades judiciales locales ordenaron medidas de prueba como peritajes contables, auditorías internas y análisis de comunicaciones entre los efectivos involucrados.

La separación disciplinaria representa una medida preventiva mientras avanza la causa penal. Los policías involucrados enfrentarán posibles cargos por malversación, abuso de autoridad y peculado, según cómo se definan las responsabilidades durante la instrucción.

Paralelamente, la cúpula policial provincial fue puesta en alerta y podría ser objeto de sanciones si se comprueba que hubo falta de control o encubrimiento institucional. Familias de víctimas de otros delitos en la zona también solicitaron que se revise si los fondos faltantes estaban destinados a investigaciones sensibles y si su ausencia afectó la prosecución de causas.

Este caso golpea la confianza en las fuerzas de seguridad de Orán y plantea un desafío institucional: ¿cómo garantizar que los recursos incautados no sean sustraídos por los mismos agentes encargados de custodiarlos? La causa recién comienza, pero ya marca un episodio de alto impacto en la lucha contra la corrupción policial.