El exintendente de Bañado de Ovanta, Ramón Elpidio Guaraz —condenado a nueve años de prisión por violencia sexual y privación ilegítima de la libertad— fue citado a declarar ante el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, por las graves acusaciones que realizó en redes sociales sobre supuestas vinculaciones del poder político provincial con el asesinato del exministro Juan Carlos Rojas, en el marco de la causa todavía sin resolver. La citación se produce en un contexto de fuerte controversia judicial, justo cuando la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación ordenó su detención y traslado al Servicio Penitenciario Provincial tras quedar firme su sentencia, lo que generó tensión e incluso un breve atrincheramiento en su domicilio antes de su entrega a la policía.

En medio de este panorama, su hija salió públicamente a respaldar las declaraciones de su padre al asegurar que “esta causa está armada”, buscando cuestionar la legitimidad del proceso y reafirmar que las acusaciones contra el exfuncionario forman parte de una supuesta persecución política. Este pronunciamiento familiar añade presión mediática y política al trámite judicial, que ya despertó reclamos de distintos sectores —como la UCR y legisladores provinciales— para que la Justicia investigue de oficio las denuncias de Guaraz, mientras desde el oficialismo se rechazan estas versiones y se defiende el accionar judicial y la independencia de las instituciones.