Magistrados rechazan la iniciativa oficial

En el texto, los magistrados sostienen que la medida —impulsada por el gobierno nacional para responder a la percepción de “inseguridad”— no mejorará la seguridad pública, sino que “genera la apariencia de acción estatal sin producir mejoras reales en la seguridad”. Además, advirtieron que reduce a niñas, niños y adolescentes al mismo estatus jurídico que la adultez, ignorando su menor autonomía psíquica, social y jurídica.

La carta subraya que la baja de la edad de punibilidad “no constituye una respuesta novedosa o eficaz frente al delito juvenil” y que su adopción implicaría “el retorno de una lógica punitiva simplificadora”. Los jueces apelan además a los estándares internacionales de derechos humanos que rigen la justicia juvenil, planteando que la iniciativa podría contravenirlos.

Los firmantes recuerdan que el derecho penal moderno reconoce diferencias entre menores y mayores de edad no como privilegio, sino por la menor autonomía y desarrollo de los primeros, y sostienen que la historia del derecho penal demuestra que el endurecimiento de las penas no reduce el delito.

Debate legislativo y argumentos contrapuestos

El proyecto que ahora se debate en el Congreso forma parte de la agenda de seguridad del gobierno de Javier Milei, que busca reformar el régimen actual para aplicar a adolescentes a partir de 13 años en ciertos casos, y cuenta con respaldo de sectores oficialistas. En debates legislativos previos, también se discutió fijar la edad en 14 años, y en algunos casos más extremos incluso en 12 años, según otras propuestas presentadas anteriormente.

Diversos sectores de la sociedad se han pronunciado sobre el tema. Organizaciones religiosas como Cáritas y comisiones episcopales de la Iglesia Argentina emitieron su propia carta abierta rechazando la baja, argumentando que reducir la edad no disminuye el delito y profundiza la exclusión social.

¿Qué argumentan sus defensores?

Quienes apoyan la iniciativa plantean que la normativa actual de imputabilidad —vigente desde hace décadas— está desactualizada frente a hechos de violencia protagonizados por menores, y que adaptar la ley a los tiempos actuales es necesario para que quienes cometan delitos graves respondan penalmente. A su vez, destacan la necesidad de dotar al sistema judicial de herramientas más duras frente a crímenes violentos.