Por caso, en la resolución 105/24 de la Secretaría Administrativa que comanda Izzo se manifestó que “el Departamento de Control y Asistencia informó” que uno de los trabajadores de la Dirección de Seguridad y Control “se ausentó sin causa justificada los días 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 y 29 de noviembre y 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de diciembre de 2023″.

El texto dejó en claro que, “en consecuencia, el agente de marras incurrió en 21 inasistencias injustificadas en los últimos 12 meses inmediatos anteriores”. Además, se incorporaron las “copias fieles de los telegramas colacionados remitidos al referido agente a su último domicilio declarado en su legajo” para intimarlo “a regularizar su situación, bajo apercibimiento de ley”.

La resolución 106/24 es aún más curiosa. Allí se expresó que una empleada “con destino en el Departamento de Mantenimiento Operativo se ausentó los días 8, 9, 17, 22 y 23 de noviembre, por enfermedad de corto tratamiento, con pedido médico injustificado; y el 24 de dicho mes y 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2023 por enfermedad familiar no justificada”.

A la ahora ex trabajadora se le notificaron las 16 inasistencias injustificadas en los últimos 12 meses inmediatos anteriores y se le enviaron los telegramas correspondientes para que regularizara su situación, “bajo apercibimiento de ley”.

En estos dos casos se corroboraron 10 ausencias de manera discontinua sin causa justificada en 12 meses. En cambio, para el tercer agente se comprobaron más de cinco faltazos seguidos, lo que equivale a la posibilidad de cesantía.

Una cuarta resolución de Izzo, la 112/24, se refiere a los agentes transitorios que se van del Senado cuando finaliza el mandato del correspondiente legislador. Sin embargo, una persona que trabajó con el hasta el 10 de diciembre legislador y otrora gobernador de Misiones, Maurice Closs, obtuvo la planta permanente el 25 de octubre pasado, a tres días de las elecciones generales. Por no cumplir con la ley 24.600 -personal legislativo-, quedó afuera de la “casa”.

Diputados

El 11 de enero último, Infobae contó que las autoridades de la Cámara de Diputados -que preside Martín Menem- emitieron una resolución para controlar la asistencia plena de personal jerárquico, situación que genera enojo en varios despachos del Palacio Legislativo. La medida, que tendrá vigencia desde el 1 de febrero próximo, dinamita una normativa de 2017 que exime del control de presentismo a “Directores y Subdirectores a cargo de una unidad orgánica dentro de la estructura” de la Cámara baja.

La resolución aún vigente es la 95-2017. En la misma se da luz verde a un nuevo “Procedimiento de Control de Presentismo”. En su Anexo 1, el artículo cuarto habla de agentes eximidos, donde se habilita a “aquellos agentes de Planta Temporaria que cumplan funciones a las órdenes de un Legislador Nacional, en un Bloque Político o funciones de asesoramiento en una comisión permanente o especial, unicameral o bicameral”.

El permiso también apunta a “las Autoridades Superiores tales como Secretarios, Prosecretarios, Directores Generales y Subdirectores Generales”. El último inciso es el “c”, que trata sobre “Directores y Subdirectores a cargo de una unidad orgánica dentro de la estructura de esta Honorable Cámara de Diputados”.

La resolución que firmó la flamante secretaria administrativa de Diputados, Laura Oriolo, elimina “a partir del 1° de febrero del 2024, el inciso c, del Artículo 4° ‘Agentes Eximidos’ del Anexo I de la Disposición de la Secretaría Administrativa DSAD N° 95/2017″.

Además, deja sin efecto una disposición de la Dirección General de Recursos Humanos para dictar normas “aclaratorias, instrumentales, interpretativas y/o complementarias, así como la realización de todas las diligencias que resultaren necesarias para la implementación del aludido procedimiento” de presentismo.

En 2017, la resolución se justificó en que resultaba necesario “establecer un régimen general y orgánico de control de asistencia, puntualidad y presentismo, a través del cual se aprovechen los recursos de esta Administración para alcanzar los objetivos de la política fijada, respetando los principios y Derechos Constitucionales relacionados”.

Según estableció la medida, en aquella época ya se contaba “con un Sistema de Control de Acceso y Presentismo instalado en condiciones de funcionamiento óptimo, cubriendo de forma satisfactoria el movimiento del Personal Legislativo en sus ingresos y/o egresos”.

La resolución que terminó anulada fue tomada durante la gestión del entonces presidente de la Cámara baja Emilio Monzó, y llevó la firma la ex secretaria administrativa, Florencia Romano. Ambos mantuvieron una muy buena relación con sindicatos legislativos que denostaron a Mauricio Macri durante la era Cambiemos.

Con esta nueva resolución, quienes no queden eximidos deberán presentarse a trabajar las siete horas reglamentarias que, según confiaron a Infobae, representa la jornada laboral. De hecho, varios empleados se mostraron de acuerdo con la medida y auguran un pronto retorno de colegas.