La transversalidad de la movilización incomoda al Gobierno de Milei. El corazón de la narrativa libertaria consiste en una estrategia discursiva, agonal con la que La Libertad Avanza engloba a todo el espectro político opositor, sindical y empresarial con el rótulo de “casta”. Ese significante fue aplicado con astucia durante la campaña electoral y le permitió a líder libertario agrupar a casi todo el establishment. Fue tan eficiente que logró trascender la grieta entre kirchnerismo y anti kirchnerismo para producir una nueva polarización: Milei versus “la casta”.

Pero el reclamo universitario es encabezado por rectores, docentes, graduados y alumnos que no necesariamente admiten esa etiqueta. La oposición, desde el peronismo hasta la Unión Cívica Radical (UCR), respaldaron al sistema universitario, aunque sin eclipsar la protesta. Lo propio hizo la Confederación General del Trabajo (CGT) y las distintas vertientes del sindicalismo: adhirieron a la convocatoria de esta tarde pero dejaron la organización y la narrativa del reclamo al frente de las universidades.

“Lo mejor que nos puede pasar es que aparezcan Kicillof, Massa y Lousteau en la marcha”, deslizó ante Infobae un funcionario del Gobierno nacional. “Que vayan políticos nos da argumentos para rechazar la marcha, si no, es una parada difícil”, se sinceró. La Casa Rosada hizo anuncios con actualizaciones de las partidas presupuestarias de las universidades nacionales. El último fue anoche, como intento final de disuadir la manifestación de hoy.

Durante la semana, la Secretaría de Educación de Carlos Torrondell y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, ejecutaron gestiones para desarticular o menguar la Marcha Universitaria Federal. Los intentos no resultaron. O llegaron tarde. La movilización había adquirido forma y el movimiento estudiantil y académico ya tenía avanzada la organización de la protesta.

Con el fin de evitar una partidización del reclamo, la UBA y las universidades nacionales le hicieron un pedido especial a los espacios políticos y sindicales que movilizarán hoy: que no usen pancartas ni señalética partidaria y lleven sólo banderas de Argentina. Es una idea que busca una foto con una multitud teñida de celeste y blanco con un reclamo unificado por la educación y universidad pública.

Es esa la transversalidad que inquieta al Gobierno. Milei está convencido en la importancia de auditar los presupuestos de cada universidad nacional. Considera que puede haber casos en los que se utilizaron fondos de manera “no transparente”. Además, insiste con instalar la idea de que la universidad pública fue caldo de cultivo para el “adoctrinamiento” por parte de algunos docentes y centros de estudiantes.

No obstante, la oposición saldrá a la calle hoy para sumarle volumen político a una multitudinaria movilización que encabezarán la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), las universidades nacionales con docentes, alumnos y no docentes. “Esperamos muchísima gente. El reclamo por la universidad pública trascendió a toda la sociedad. No es una marcha partidaria”, sostuvo ante Infobae Lucille Daniela Levy, presidenta de la FUBA. “El Gobierno habla desde el desconocimiento para deslegitimar la marcha y el reclamo estudiantil”, apuntó la referente del movimiento universitario y agregó: “No hay nada más lejano a adoctrinamiento que la universidad pública. La movilización de hoy será amplia y plural”.

La marcha adquirió un cariz mayor cuando la semana pasada la CGT comunicó su adhesión al reclamo. Luego se plegaron las dos CTA y otras vertientes del sindicalismo. Lo propio hicieron los referentes políticos de la oposición.

La UCR, espacio de tradición inherente del movimiento universitario y la educación pública, desplegará esta tarde una columna en la que confluirán diputados y senadores nacionales, dirigentes, militantes y alumnos correligionarios ligados a agrupaciones de estirpe radical, como la Franja Morada. Idéntica actitud adoptarán los referentes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, así como también de otros espacios de lo que fue Juntos por el Cambio que mantienen una posición distante al Gobierno nacional.

Lo propio sucederá con el peronismo. El kirchnerismo movilizará tanto a dirigentes de primera línea como a militantes ligados a la militancia universitaria. Por su parte, Axel Kicillof, gobernador bonaerense, anticipó ayer que se sumará a la marcha junto con parte de su elenco de gabinete y arengó: “Vamos a llenar la plaza”. Mientras que Frente Renovador hará lo propio. Sergio Massa, líder de esa fuerza, pidió a través de grupos de WhatsApp de su sello que hoy se movilicen.

Lo mismo hará el Frente de Izquierda, que habitualmente participa en las movilizaciones y actos relacionados con la educación pública. A través de sus distintas corrientes, el trotskismo, de fuerte presencia en la militancia universitaria, llegará a Plaza de Mayo con una columna propia. Quienes también se harán presentes serán espacios piqueteros como el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, y las agrupaciones congregadas en la UTEP.

Cabe recordar que el conflicto se desató por el reclamo que encabezó la UBA por la falta de presupuesto que afecta el funcionamiento de la casa de estudios más grande del país y el resto de las universidades nacionales.

El Gobierno anunció el jueves una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. La decisión del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Educación de Carlos Torrondell, dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales.

En tanto que anunció otro 70% en mayo, alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, la medida asignó una partida extraordinaria para necesidades de los hospitales universitarios por una suma de $14.403.479.661. Desde la UBA salieron a desmentir el acuerdo y señalaron que la medida era “insuficiente”.