“La situación es crítica. No hay fondos para salarios, infraestructura, proyectos de investigación ni extensión. Es imposible comenzar el segundo cuatrimestre en estas condiciones”, advirtió Morales. La falta de diálogo con el Gobierno Nacional agrava el conflicto: “Desde septiembre del año pasado no tenemos ningún tipo de contacto con el Ministerio de Educación. Nunca habíamos vivido algo así”.

El referente gremial también subrayó la importancia de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario, elaborada conjuntamente por rectores, federaciones estudiantiles y gremios. La ley busca garantizar fondos actualizados para gastos básicos de funcionamiento, becas, comedores universitarios y el sostenimiento de salarios docentes. “No es la solución definitiva, pero es un camino que puede salvar a nuestras universidades”, afirmó.

Según Morales, el presupuesto vigente corresponde a 2023, lo que en el actual contexto inflacionario es insostenible. “Estamos hablando de universidades que deben pagar luz, gas, agua, sostener laboratorios, calefacción para trabajos científicos, y pagar sueldos. Hoy, más del 70% de los docentes universitarios gana menos de 1.300.000 pesos. Es decir, están por debajo de la línea de pobreza”, denunció.

La situación, asegura, no es un simple reclamo gremial: “Se juega el futuro de dos millones y medio de jóvenes. La universidad pública garantiza igualdad de oportunidades. Allí estudian los hijos de trabajadores, de profesionales, todos en condiciones iguales”.

En caso de que el Congreso rechace la ley, el gremio advierte que volverán las medidas de fuerza: paros, clases públicas y movilizaciones. “La universidad está corriendo peligro como nunca antes. Esto no es un discurso político, es la realidad”, concluyó Morales.