Por su parte, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, se pronunció a favor de la recusación. Siempre de acuerdo con el fallo, Santos Reynoso admitió su parentesco con un damnificado y si bien "de las constancias de autos no surge patente que se haya verificado ningún elemento que nos demuestre que el doctor Reynoso haya actuado violentando el principio de legalidad y objetividad que debe imperar en su accionar, no podemos ignorar que la relación parentesco entre él y una supuesta víctima resulta cercano y alcanzado por las previsiones del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación".

La causa Bacchiani tiene más de 10 personas imputadas, con damnificados de Córdoba, Tucumán y La Rioja entre otras provincias. Además, en Córdoba y La Rioja Bacchiani está imputado y es investigado por la justicia ordinaria por múltiples estafas.

Hasta la noche del martes, el Ministerio Público Fiscal no había designado el reemplazante de Santos Reynoso.

Sin embargo, fuentes judiciales explicaron que como consecuencia de su apartamiento, la causa pasaría a ser tramitada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien además es fiscal en la Cámara del Crimen (TOF), que tramita la causa de RT Inversiones.

El expediente de RT Inversiones está a cargo del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, ya que el juez federal catamarqueño, Miguel Ángel Contreras se inhibió tras admitir que con la familia Bulacio -propietaria de la firma RT Inversiones SRL-, tenía un vínculo de amistad previo.

En la mañana de ayer y como estaba previsto, el juez Contreras indagó a Ernesto Washington Erdbecher Denett, Franco Javier Brey y Pablo Olmi, todos sospechados de haber formado parte del grupo Bacchiani en la operatoria que tenía como objetivo captar fondos para invertir en Adhemar Capital SRL.

Si bien ninguno declaró, los tres se retiraron del Juzgado Federal con sendas imputaciones.

Fuentes vinculadas a la causa informaron que si bien Olmi llegó imputado para recibir una ampliación de imputación, los tres terminaron acusados por "intermediación financiera no autorizada agravada por el uso de publicidad", "estafa", "lavado de activos" y "asociación ilícita".