“El Estado argentino se encuentra bajo la obligación de balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva”, asegura la Casa Rosada en el proyecto de ley que giró hacia los gobiernos provinciales.

“El sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. La existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal. Ello derivó en un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de estas empresas, que perjudicó ampliamente la recaudación fiscal a lo largo de las últimas décadas”, continuó.

Para justificar el retorno de la cuarta categoría de Ganancias, eliminado a fines de 2023 por el Congreso tras un proyecto empujado por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, el Poder Ejecutivo planteó que “ese impuesto es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino, ya que toma como base para su determinación los ingresos netos del contribuyente, por oposición a otros tributos que, de manera regresiva, imponen cargas fiscales homogéneas a distintos contribuyentes sin tomar en cuenta su situación particular o que recaen sobre el valor del activo sin tener en cuenta su rendimiento económico”.

El paquete fiscal prevé volver a cobrar ese tributo a un grupo numeroso de trabajadores en relación de dependencia que habían quedado exentos. “Se propone modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias para alcanzar, a través de alícuotas progresivas, una carga tributaria que permitirá al Estado recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a diciembre de 2023 sin dejar de lado los elementos rectores del tributo en cuestión: la valoración de la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto a los ingresos para que, mientras mayor sea el resultado económico de un contribuyente, mayor sea su contribución”, explica el proyecto.

“El actual diseño de la norma propuesta tiene por fin evitar situaciones en las cuales exista un desincentivo a incrementar el resultado de la actividad económica por temor a sufrir una carga impositiva adicional que anule dicho mayor ingreso. En efecto, bajo las normas propuestas, no habrá casos en los que un contribuyente que aumente su ingreso vea dicho incremento anulado totalmente por el impuesto”, continúan los considerandos.

Según lo estipulado en el articulado de ese capítulo de la ley, los ingresos alcanzados serían los sueldos mensuales a partir de 1,25 millones de pesos, es decir la misma cifra que se planteó en la primera versión de la Ley Ómnibus, que se debatió entre diciembre y enero. No hubo, asegura el tributarista Sebastián Domínguez, una actualización nominal a pesar de la inflación acumulada entre una versión y otra de la iniciativa.

“Esto no es para nada razonable ya que se conoce la inflación de enero y febrero. Por lo menos debería ajustarse por esa inflación y que no se tribute hasta un sueldo brutos de $1.700.000. Por otro lado, se debe mantener el ajuste por IPC trimestral agregando una clausula gatillo permanente para que si se verifica dentro del trimestre un 20% acumulado se adelante la actualización tanto para deducciones como para tramos de escala”, planteó Domínguez.

Por otra parte, cuestionó que “si se aprueba sería retroactiva al 1° de enero. No es razonable aunque sea legal porque el periodo fiscal de Ganancias sea el año calendario. Debería entrar en vigencia a partir del 1° del mes siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial. No debe generarse deuda a empleados que probablemente hayan debido gastar todo lo cobrado ante el aumento de los costos de vida”.

La restitución de la cuarta categoría de Ganancias es posiblemente el más relevantes de los impuestos abordados por el paquete fiscal. Eso es así porque al tratarse de un tributo que integra la coparticipación con las provincias, forma parte del tira y afloje entre la Casa Rosada y los gobernadores, que vieron reducida su tajada de reparto federal de impuestos, junto con el ajuste en las transferencias discrecionales desde la Nación.

Las escalas de monotributo pasarían a ser, de acuerdo al paquete fiscal, de un máximo de ingresos de $3.000.000 anual (unos $250.000 mensuales) para la categoría más baja; para la categoría B un tope de $4.000.000 anuales ($333.333 mensuales); para la C un máximo de $5.500.000 por año ($458.333 mensuales); para la D un techo de $7.500.000 anuales ($625.000 por mes).

Para las categorías más altas las escalas quedarían: para la E con un ingreso anual máximo de $10.000.000 ($833.333 mensuales); para la F de $13.000.000 anuales ($1.083.333 por mes); para la G de $16.500.000 ($1.375.000 mensuales); y para la H, un tope de $20.500.000 ($1.708.333 mensuales).