El Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de reforma laboral el artículo que planteaba una reducción en los salarios durante las licencias por enfermedad, luego de admitir que no contaba con los apoyos necesarios para sostener esa medida en el Parlamento. La decisión se tomó en medio de negociaciones contrarreloj con bloques aliados y ante la creciente presión sindical, que incluso había anticipado la convocatoria a un paro general durante el tratamiento de la ley.

La disposición cuestionada —identificada como artículo 44— establecía que, ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, los empleados cobrarían solo el 50% de su sueldo, o el 75% en casos donde la afección no estuviera asociada a una actividad considerada de riesgo voluntario. La propuesta generó rechazo tanto en la oposición como en sectores aliados del oficialismo, que advirtieron sobre posibles conflictos legales y la complejidad de su aplicación.

Frente a ese escenario, la Casa Rosada optó por eliminar directamente el punto en discusión y mantener el régimen de licencias médicas tal como lo contempla la actual Ley de Contrato de Trabajo. El cambio fue interpretado como una jugada política para evitar que la iniciativa naufrague en Diputados y garantizar los votos necesarios para avanzar con la modernización laboral impulsada por el Ejecutivo.

La presión no solo provino del arco sindical —con la CGT anunciando medidas de fuerza— sino también de referentes de espacios aliados, quienes exigieron modificar el texto original como condición para acompañar la reforma. Ante la posibilidad de un revés legislativo, el oficialismo decidió “cortar por lo sano” y reformular la estrategia parlamentaria.

Según el cronograma previsto, el proyecto será tratado en comisiones y luego debatido en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno confía en reunir más de 130 votos para su aprobación general. Posteriormente, la iniciativa volverá al Senado para su sanción definitiva, con la intención de que la ley esté aprobada antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

La modificación busca preservar el núcleo de la reforma laboral sin reabrir otros puntos de discusión, en un intento por acelerar los tiempos legislativos y evitar nuevas concesiones que compliquen el objetivo central del Ejecutivo.