El Gobierno nacional mantiene negociaciones con la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán para avanzar en un posible acuerdo sobre la cesión de la participación que el Estado nacional tiene en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Si bien el tema entró en una etapa de diálogo más profundo, aún no existe una decisión final y cada una de las partes analiza los alcances del traspaso.

En este marco, el gobernador Raúl Jalil mantuvo reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo nacional en las que planteó la necesidad de que cualquier eventual transferencia se realice con reglas claras y a través de una “ley convenio”. Este instrumento permitiría asegurar una distribución precisa de regalías, utilidades y responsabilidades, otorgando tanto a Catamarca como a la Universidad Nacional de Tucumán un marco jurídico que dé previsibilidad a futuro.

La iniciativa surge en un contexto en el que el Gobierno nacional revisa el funcionamiento de diversas empresas estatales y evalúa posibles reestructuraciones. Dentro de ese análisis, YMAD aparece como un caso particular debido a su conformación tripartita —Nación, Catamarca y la UNT— y a la importancia estratégica de los yacimientos bajo su órbita.

Tanto la Provincia como la Universidad han reiterado públicamente que YMAD opera con recursos propios, no recibe asistencia del Tesoro y mantiene su actividad sin déficits estructurales. Este punto se ha convertido en uno de los argumentos centrales de ambas instituciones para sostener su rol protagónico dentro de la empresa y para reclamar un esquema de control más equilibrado.

Para el Gobierno nacional, en tanto, la eventual cesión podría formar parte de un proceso más amplio de reorganización y simplificación de participaciones estatales, aunque el Ejecutivo todavía analiza el impacto económico, jurídico y operativo que implicaría desprenderse de su parte.

Mientras las conversaciones continúan, el tema genera expectativa en Catamarca, donde un posible traspaso permitiría reforzar el involucramiento provincial en la administración minera. No obstante, tanto el Ejecutivo nacional como las autoridades provinciales remarcan que el proceso sigue en evaluación y que cualquier definición requerirá consenso entre todas las partes involucradas.